29 de junio de 2012

Mentiras institucionales sobre los transgénicos

Recomendamos el siguiente artículo de Greenpeace España sobre las mentiras del gobierno de Mariano Rajoy acerca de la sostenibilidad de los cultivos de transgénicos, broche de oro a 15 años de apoyo institucional de sucesivos gobiernos.

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el-maz-transgnico-no-tiene-nada-de-ecolgico/blog/41142/


El maíz transgénico no tiene nada de ecológico

Blogpost por Luís Ferreirim - junio 26, 2012 en 14:16 Agregar un comentario


Un diario nacional publicó ayer algunas consignas de la respuesta que dio el Gobierno a una pregunta realizada en el Congreso por la diputada Laia Ortiz, donde se sostiene que el maíz modificado genéticamente es “una opción más respetuosa con el medio ambiente que el maíz convencional”. Todavía hay más. En esa respuesta el Ministerio añade que durante 15 años cultivando estas variedades “no se han producido incidentes de ningún tipo".

En una reunión reciente con la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Greenpeace pidió los informes que sirven de argumento a estas afirmaciones. Realmente, ante unos cultivos tan polémicos y con tan poca aceptación de la ciudadanía (el 61 % de la población europea rechaza los transgénicos) no se pueden hacer afirmaciones de esta índole sin una argumentación de base. En esta misma reunión Greenpeace hizo entrega, al equipo del ministro Arias Cañete, de dos informes donde se demuestra que si existen incidentes, incidentes que, además, están provocando la desaparición del cultivo de maíz ecológico en las zonas donde se siembra maíz transgénico.

En los informes La imposible coexistencia  y La coexistencia sigue siendo imposible - Testimonios de la Contaminación Greenpeace demuestra con hechos que el maíz transgénico no puede coexistir con las variedades ecológicas (tampoco con las convencionales) y que la contaminación es inevitable.

Estos 15 años de experiencia son muchos años, pero los distintos gobiernos no han sido capaces de hacer un seguimiento de lo que supone la introducción de estos cultivos en nuestros campos, ni siquiera de garantizar que se aplicasen estrictamente las recomendaciones básicas de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) para evitar las contaminaciones y la aparición de resistencia a la toxina generada por este maíz en insectos.

El maíz insecticida de Monsanto, MON810, produce una toxina desde el primer momento en que la semilla germina, por lo contrario en los cultivos convencionales solo se hacen fumigaciones si se detecta la plaga. Estudios recientes (minuto 15’25’’) demuestran que una hectárea de maíz transgénico genera un kilogramo de esta toxina, cientos de veces más de lo que pueden absorber las plantas si son rociadas con insecticida con el mismo fin. ¿Son éstos los alimentos que queremos consumir?

El apoyo indiscriminado del Gobierno a los cultivos transgénicos está eliminando la libertad de elección de aquellos que quieren hacer una agricultura distinta y apuestan por el único modelo respetuoso con el medio ambiente: la agricultura ecológica.

Por otro lado, cabe afirmar que cada vez la comunidad científica se opone más a los cultivos modificados genéticamente, como ha quedado patente, por ejemplo, en las Jornadas Científicas sobre Transgénicos.

España es el exponente máximo de la agricultura ecológica en la UE y tiene la posibilidad de fortalecer este liderazgo y marcar la diferencia en el buen camino, consiguiendo alimentos de calidad y cada vez más buscados por la población. En materia de transgénicos, nuestro país se está quedando cada vez más aislado e insiste en un modelo cada vez menos aceptado. Países como Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría y Luxemburgo han prohibido el cultivo del maíz transgénico MON810, el mismo que se cultiva en España, y Polonia también lo quiere prohibir. Razones habrán tenido y sus conciudadanos lo agradecen.

Luís Ferreirim (@LFerreirim), responsable de la campaña de Agricultura y Bosques de Greenpeace España

26 de junio de 2012

Bajar salarios y destruir derechos sociales, objetivo común de la banca alemana y la derecha española


No es una crisis: es un atraco a mano armada. El multimillonario rescate que pagarán las próximas generaciones de españoles (de los que pagan impuestos, los otros no) tiene como objetivo garantizar que la banca alemana no pierda el dinero que prestó a la española para que todos nadásemos entre ladrillos... baño también de billetes para constructores, banqueros y especuladores de todo pelaje.

Por si quedan dudas, aquí hay un clarísimo artículo al respecto de Vicenç Navarro


Una de las causas de la crisis actual en España es la explosión de la burbuja inmobiliaria. El maridaje entre el capital financiero (banca, cajas de ahorro, compañías de seguros y otras instituciones financieras) y el sector inmobiliario creó tal burbuja. En los últimos diez años se construyeron más viviendas en nuestro país que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y a pesar de esta enorme construcción que supuso casi el 9% del PIB español, los precios se dispararon el 150%, subiendo mucho más rápidamente que los salarios, y ello como resultado de una abusiva especulación. No hay duda de que la banca, las cajas, el Banco de España y las autoridades públicas, tanto españolas, como europeas, eran conscientes de ello. Bastaba con ver un gráfico en el que se comparara la evolución de los precios de la vivienda y de los salarios (la gran mayoría de compradores de vivienda derivan su dinero de las rentas del trabajo), para ver que los primeros crecían mucho más rápidamente que los segundos. La distancia entre los dos precios se intentaba llenar con crédito. Y de ahí el enorme endeudamiento de las familias.
Todo esto era predecible. Y podría haberse visto venir y podría haberse evitado. Pero ni el Banco de España (a pesar del aviso de los técnicos de tal institución), ni el Estado español tomaron ninguna medida. Llevaba razón la Canciller alemana, Angela Merkel, cuando indicaba recientemente que las autoridades españolas habían actuado de una manera irresponsable en los diez últimos años al no haber prevenido la burbuja inmobiliaria basada en mera especulación, y su explosión.
Ahora bien, a Merkel se le olvidó un detalle clave, olvido que le permitió no incluir al gobierno y a la banca alemana en esta crítica de lo que pasó en España. Y el olvido es que la banca alemana jugó un papel determinante en esta explosión inmobiliaria. Gran parte del dinero que alimentaba la explosión inmobiliaria procedía de la banca alemana. En realidad, la explosión de la burbuja inmobiliaria ocurrió cuando la banca alemana interrumpió el crédito a la banca y cajas de ahorro españolas, consecuencia de que la banca alemana atemorizada por su contaminación con productos financieros tóxicos procedentes de la banca estadounidense, paralizó todo flujo de crédito. Y ahí fue cuando el crédito financiero se interrumpió y la burbuja inmobiliaria española explotó creando el enorme parón de la actividad económica y la caída en picado de los ingresos al Estado (tanto central, como autonómico) que creó el déficit público del Estado. Este déficit no lo creó el crecimiento del gasto público, sino el descenso de los ingresos al Estado. En realidad, cuando se inició la crisis, en el año 2007, el Estado español tenía superávit. El déficit público en España no es la causa de la crisis, como Rajoy está diciendo, sino que es al revés, el déficit público es la consecuencia del escaso crecimiento económico y escasos ingresos al Estado.
Todas las medidas de austeridad, recortes incluidos (que representan el ataque más frontal al escasamente financiado Estado del Bienestar en España), están encaminadas a pagar la deuda a los bancos alemanes y de otros países (Francia, Gran Bretaña y Bélgica), los cuales habían conseguido pingües beneficios durante la burbuja inmobiliaria, pingües beneficios que continúan. En realidad, la crisis bancaria de los países periféricos (España, Grecia, Portugal e Irlanda) le está yendo muy bien a la banca alemana, pues hay un flujo de capital (es decir, dinero) de estos países, que huyen de la crisis, hacia el centro, y muy en particular, Alemania. Y los datos hablan por sí solos. Según Josef Ackermann, presidente del Deutsche Bank, los beneficios de tal banco alcanzaron la friolera cantidad de 8.000 millones de euros en el año 2011 (con 8 millones de euros en bonificaciones a tal señor). En realidad, mientras el desempleo alcanzaba cifras más que alarmantes en España (y otros países periféricos), el 50% de la juventud está desempleada, y la sanidad y la educación sufre recortes brutales (y no hay otra manera de decirlo), los beneficios del Deutsche Bank subieron un 67% en tres años (2009-2011), tal como señala Conn Hallinan en la revista CounterPunch (15.06.12) (“Greed and the Pain in Spain”).
Todos los datos muestran claramente que la banca alemana se benefició enormemente de la burbuja inmobiliaria española (y también irlandesa), así como de la crisis financiera de los países periféricos. Los enormes sacrificios de las clases populares se imponen a España y a los otros países periféricos para que se pueda pagar a la banca alemana (entre otros países). Y el famoso rescate financiero de 100.000 millones de euros tiene como objetivo salvar a la banca española, no para garantizar el crédito, que ni está ni se le espera, sino para que pueda pagar sus deudas, también a la banca alemana. Y el instrumento que la banca alemana utiliza para imponer sus políticas es el Banco Central Europeo, que como he indicado en varias ocasiones (ver sección Política Económica en mi blog www.vnavarro.org), no es un Banco Central, sino un lobby de la banca alemana y del Banco Central Alemán, el Bundesbank.
El rescate financiero es la última de muchas otras intervenciones que los economistas de la Comisión Europea, al servicio del sistema financiero europeo, liderado por la banca alemana, están imponiendo a España. Como bien ha dicho el Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaube (contraviniendo a Rajoy), el rescate financiero implicará una supervisión directa por parte del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, de las reformas financieras, así como de las políticas fiscales y macroeconómicas españolas, convirtiendo así a España en una colonia alemana. Y todo ello con la colaboración del gobierno conservador “súper patriota” español.
¿Y por qué tal gobierno colabora con estas políticas que significan una pérdida clara de soberanía? Y la respuesta es clara. Porque utiliza este mandato exterior (argumentando que no hay alternativas) para conseguir lo que siempre ha deseado la derecha en España, es decir, debilitar el mundo del trabajo y privatizar el Estado del Bienestar. Tal gobierno coincide con el objetivo del rescate que queda muy bien definido por las declaraciones del presidente del Banco Central Alemán, Jens Weidmann, quien en dichas declaraciones en El País no puede ser más claro cuando indicó que las reformas deberían acentuar más las reformas laborales (que quiere decir bajar los salarios) y la privatización de servicios (que quiere decir el desmantelamiento del Estado del Bienestar). Así de claro.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

12 de junio de 2012

En defensa de lo público, y de quienes lo hacen posible

No somos pocos quienes sospechamos que detrás de los recortes que están haciendo trizas el Estado de bienestar y detrás de las políticas de déficit cero impuestas desde el pensamiento neoliberal, con sus vampiros para desangrar pueblos, como podríamos llamarlos inspirándonos en Eduardo Galeano, no hay sólo un desfalco perpetrado por bancos que socializan la factura producida por su insondable codicia en forma de burbuja inmobiliaria. No hay sólo una bancarrota de Estados que dilapidan sus arcas para cubrir los escandalosos balances que a la banca le dejan el ladrillo y las indemnizaciones de sus ejecutivos. Hay una voluntad decidida de acabar con aquello que nos protege de la explotación y de que seamos exprimidos como mera fuerza de trabajo que nutra sus beneficios a costa de nuestras vidas. Una educación gratuita y universal que nos enseñe a ser críticos y a conocer nuestros derechos y nuestro lugar en el mundo, que haga posible el desarrollo de nuestras capacidades, nuestras inquietudes, nuestra aportación a la Humanidad más allá del consumir-producir-consumir. Una sanidad gratuita y universal que nos permita disfrutar de nuestra vida en las mejores condiciones, que no nos obligue a vender nuestra alma al diablo para poder pagar la salud de nuestros seres queridos. Un Estado de Derecho que vele por la justicia, la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos, que garantice nuestro avance como sociedad en términos de buenvivir y del cuidado del medio que acoge nuestra vida, que acote a quienes pretenden imponer la ley del más fuerte.

Decimos esto a colación de un artículo que hemos leído hoy, escrito en defensa de los trabajadores de la función pública. Su autor, Francisco J. Bastida, destaca la labor fundamental del funcionariado en el Estado de Derecho, más allá de la repercusión fundamental de los trabajadores de la educación y la sanidad públicas en el bienestar de la sociedad. Como Bastida, queremos denunciar el absurdo que supone jalear desde la ciudadanía los distintos atropellos que los gobiernos de PSOE y PP vienen cometiendo contra los funcionarios, con bajadas de sueldo y merma de condiciones laborales recurrentes. Defender estas pérdidas de derechos como justas porque los funcionarios gozan de estabilidad en el empleo es tirar piedras contra nuestro propio tejado: es reclamar inestabilidad en el empleo para todos, cuando deberíamos hacer lo contrario. Es matar al mensajero: se ataca a los funcionarios porque es más fácil quejarse de quienes nos atienden en las Administraciones Públicas que de quienes mantienen plantillas irrisorias en servicios responsables de atender a miles de ciudadanos. Porque vemos la cara a quienes prestan servicios a los ciudadanos, pero no a las decenas (y cientos) de asesores de los cargos políticos en los distintos gobiernos locales, autonómicos y estatal. En cualquier servicio público es frecuente escuchar a ciudadanos quejarse de la atención deficiente de los funcionarios, pero no lo es tanto cuestionar los millones de euros que salen de nuestros bolsillos para pagar los gastos suntuarios de quienes supuestamente elegimos en las urnas. Estos, claro está, pasan mucho más desapercibidos, gracias también al silencio que sobre los mismos hacen caer los medios de comunicación al servicio del poder.

Reproducimos a continuación el artículo de Francisco J. Bastida publicado hoy en La Nueva España.

El desprecio político al funcionariado

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

21 de diciembre de 2011

Ingenios de Producción Colectiva

Desde La Bombilla Verde, queremos invitaros a conocer la nueva iniciativa de Ecologistas en Acción para hacer frente al desenfreno de consumo navideño. Este es el comunicado que nos han hecho llegar:


CONOCE ALTERNATIVAS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CONSUMIENDO MENOS

Con la navidad llega una de las épocas del año donde más se despilfarra y se consume de una forma más irracional. Ecologistas en Acción quiere poner de manifiesto que hay alternativas para celebrar estas fiestas sin caer en el consumismo y el derroche.

Estamos en crisis, nos dicen continuamente y, casi con la misma contundencia, nos tratan de convencer de que el consumo nos ayudará a salir de este atolladero. Más allá de que es difícil de creer que lo mismo que provocó la crisis vaya a contribuir a solucionarla, la llegada de la época navideña suele estar marcada por un conjunto de situaciones que se profundizan con el paso de los años: un consumo disociado de las necesidades humanas y más cercano al despilfarro, la exaltación publicitaria de las emociones y la mercantilización de los afectos proponiendo la compra de productos como vía para poder expresarlos. Las calles se llenan de una sobre-iluminación que, más allá de la transmisión de símbolos típicamente navideños, están asociadas sobre todo a promover un consumo acrítico y descontrolado.

No es de extrañar que, en una sociedad que sitúa al consumo y la acumulación de bienes en la cima de su escala de valores y en el objeto de sus aspiraciones, la navidad represente una oportunidad para aumentar los volúmenes de ganancias empresariales.
Frente a este escenario cada día son más numerosas las iniciativas colectivas a escala global que pretenden denunciar los excesos y defectos de este modelo de consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los impactos, construyendo alternativas y articulando iniciativas para un consumo consciente, crítico y responsable. Reivindican, entre otras cosas, que una disminución en el consumo nos hará vivir mejor, que es necesario otro modelo que priorice el pequeño comercio frente a las grandes superficies, la agricultura ecológica frente a la industria de la alimentación intensiva o la cultura de la reutilización frente a la cultura del "usar y tirar".

Ya están en marcha proyectos que, a pequeña escala, ensayan una forma más sostenible de consumo. El comercio justo, la banca ética o las tiendas de productos ecológicos han conseguido hacerse un hueco y, a la vez, poner en entredicho al modelo de consumo devorador de recursos y de personas.
Pero además, hay otros proyectos en marcha que funcionan como verdaderos espacios de ensayo de alternativas de consumo sostenibles y socialmente responsables. Cada uno de estos proyectos nace a partir de objetivos muy distintos, pero tienen en común su riqueza e imaginación a la hora de señalar posibles soluciones a los problemas que genera el actual modelo de consumo. Comparten profundas raíces con procesos colectivos, comunitarios o solidarios, y la cultura propositiva necesaria para que el cambio de modelo se haga efectivo.

Los Ingenios de Producción Colectiva (IPC) son una recopilación de distintas alternativas en diferentes sectores (alimentación, comunicación, cuidados, empleo/trabajo, financiación, ocio, textil, vivienda y transporte) realizada por Ecologistas en Acción (www.ecologistasenaccion.org/ipc). Recogen, de manera didáctica y sencilla, multitud de fichas que muestran cómo resolver las necesidades que se dan en estos ámbitos de una manera diferente, buscando alternativas no mercantilizadas y más colectivas de resolver las necesidades. Los proyectos IPC cumplen varios criterios, como son dar respuesta a algunas necesidades de consumo locales, proponer cambios en nuestros hábitos de consumo, aportar soluciones con ciertas dosis de innovación, ser colectivos y crear herramientas de participación, generando redes y nuevos espacios de activismo social.

Ecologistas en Acción promueve a lo largo de todo el año una reducción en el consumo que nos haga vivir mejor, y propone distintas alternativas para resolver las necesidades de un modo poco o nada mercantilizado. En estas fechas es especialmente importante recordar la importancia de un consumo crítico, local, responsable y solidario como una vía para poner un freno consciente a la crisis socioambiental que se hace cada vez más visible e incontestable.
Para más información:

15 de diciembre de 2011

Siria está sangrando



Desde que hace casi un año Mohamed Bouazizi se quemara a lo bonzo en el sur de Túnez en un acto de desesperación, pero también de lucha contra el enésimo atropello de su dignidad, son muchos los jóvenes y no tan jóvenes en el mundo árabe que decidieron no esperar un día más para decir basta y comenzar a construir una nueva sociedad desde la raíz. Sus reivindicaciones: pan, justicia y justicia social, como gritaban en El Cairo quienes lograron desalojar a Mubarak del poder.

Lamentablemente, la violencia con que el poder despótico y tirano resiste la lucha pacífica del pueblo ha conducido a que quede todavía mucho por hacer, y a que persistan los aparatos de extorsión y explotación que se hacen llamar elites. Tanto quienes han cortado la cabeza de la hidra, como Túnez, Egipto o Libia, como quienes aún siguen luchando, como Siria y Yemen, y quienes habiéndolo intentado han sucumbido a la brutalidad de la represión, como Bahrein, tienen aún un largo camino hacia sus metas.

La solidaridad y el apoyo de muchos de nosotros está del lado de quienes arriesgan su vida por recobrar la dignidad. Es poco lo que podemos hacer desde aquí, al igual que es poco lo que podemos hacer frente a situaciones tan terribles como la que se vive en el Cuerno de África, por citar un ejemplo. Sin embargo, esta dificultad no debe disuadirnos de dar lo que podamos de nosotros mismos, porque la desesperanza, y más aún la indiferencia, es lo que buscan quienes día a día disparan y bombardean a su propio pueblo, quienes venden y compran millones de hectáreas de tierra cultivable cuando a su alrededor, o más lejos, las personas mueren por no tener alimento.

En esta ocasión, Siria necesita nuestro apoyo. El grado de brutalidad que está alcanzando la represión del régimen de los Asad, malditos sean ellos y todos sus acólitos, es tan inenarrable que está dejando lejos los peores crímenes de las dictaduras del Cono Sur de América Latina. Cada día mueren en Siria entre 20 y 30 personas por atreverse a salir a la calle a protestar contra un régimen responsable de decenas de miles de desaparecidos, detenidos y torturados y miles de asesinados. Ni siquiera los niños se libran de las peores torturas, de las que son testigo sus familias cuando reciben sus cuerpos mutilados como prueba del horror y como instrumento de terror.

El régimen sirio repite los errores de Ben Ali, Mubarak o Gaddafi, y será víctima de ellos. Bashar al-Asad y sus sanguinarios compinches creen que matando y torturando conseguirán que los sirios dejen de salir a la calle, y vuelvan a aceptar su yugo de terror. Ignoran que todo tiene un límite, y que después de ver los horrores que se cometen contra quienes osan protestar, sus padres, sus hermanos, sus amigos y vecinos no volverán a permanecer en silencio. Esta es la causa de que cada día más sirios entreguen sus vidas en manifestaciones pacíficas, y de que cada día más recurran a las armas para protegerse de un régimen que les es claramente superior, y al que no le tiembla el pulso al disparar, al bombardear y al cavar fosas comunes.

Mientras se mantenga el clan de los Asad en el poder, y es evidente que acabarán por caer, cada día decenas de sirios entregan sus vidas, aunque muchos prefieran morir a ser detenidos y sufrir semanas o meses de tortura. Poco podemos hacer frente a la atrocidad, pero sí podemos alzar la voz y que nuestros gobiernos, cómplices en sus intereses personales y comerciales, al menos sepan que no pueden contar con nuestra indiferencia. Que sepan que estamos del lado de los que sufren y los que luchan y no de quienes los reciben en salones lujosos hasta que llega el día en que, como Gaddafi, Mubarak o Ben Ali, vuelven a ser persona non grata.

En concreto, hay dos acciones a nuestro alcance. La primera es adherirse al siguiente llamamiento de solidaridad publicado en Rebelion.org por Santiago Alba Rico y Carlos Varea, enviando un email a siriapoyo@gmail.com. La segunda, acudir este domingo 18 de diciembre a las 12h a la Plaza Jacinto Benavente de Madrid, para unirnos a la manifestación convocada por la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. La Asociación también recoge firmas para solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que expulse de nuestro país al embajador sirio, podéis poneros en contacto con ellos en la siguiente dirección: a.revolucion.siria@gmail.com.

A continuación reproducimos su convocatoria:




SIRIA ESTÁ SANGRANDO. SI HAS ESTADO INDIFERENTE HASTA AHORA. ES HORA DE QUE HAGAS ALGO.




Estimados amig@s y compañer@s:

Personas procedentes de toda España llenarán las calles de Madrid para exigir la expulsión del embajador sirio en Madrid y apoyar al pueblo sirio en su Revolución.

El próximo Domingo 18 de diciembre de 2011 Madrid acogerá a personas llegadas de todos los rincones del país en una manifestación para exigir la expulsión del embajador sirio en Madrid y apoyar al pueblo sirio en su revolución por la LIBERTAD.

Dicha manifestación comenzará a las 12:00 h en la Plaza Jacinto Benavente y finalizará frente a la embajada siria en Madrid (Paseo del Prado 24) donde se leerá el comunicado que les adjuntamos. (Pasando por Atocha).

Han pasado nueve meses desde el comienzo de la Revolución Siria por la LIBERTAD y en contra de la dictadura que lleva ejerciendo la familia Al Assad en nuestra querida Siria. Una Revolucion pacifica ejemplar llevada a cabo por valientes que se enfrentan a tanques y balas con gritos y pancartas. Nos encontramos aquí para apoyar al pueblo sirio y transmitir los siguientes mensajes:

A las familias de los mártires, a los heridos, a los detenidos y manifestantes, queremos hacerles llegar nuestra cercanía y transmitirles todo nuestro apoyo y fraternidad. Hemos recogido 20.000 firmas para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores la inmediata expulsión del embajador sirio en Madrid por representar a un régimen genocida que está cometiendo crímenes contra la humanidad y que ya no es legítimo en Siria.

A los reyes y presidentes de Estado que están a la espera de tomar una decisión y posicionarse de un lado u otro, queremos que sepan que el tiempo de espera le está costando sangre a este pueblo. Nos gustaría preguntarles: ¿A cuántos más van a permitir que maten? ¿A cuántas mujeres van a consentir que violen? ¿A cuántos niños van a dejar que torturen? ¿Cuántas atrocidades más piensan permitir que se alcancen para romper las relaciones diplomáticas y la amistad con este régimen genocida? ¿Hasta cuándo piensan ser cómplices con su silencio?

Solicitamos al Gobierno español, a la Unión Europea y, en general, a la comunidad internacional, una condena sin paliativos, como hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad, de las matanzas, humillaciones y violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el régimen dictatoria de Al Assad. Les recordamos que silenciar estos crímenes no sería únicamente contrario a los más elementales valores morales, sino que debería ser interpretado como complicidad con este régimen asesino.

A Assad: no tenemos dudas de que eres el responsable de cada gota de sangre derramada en Siria y te prometemos un juicio justo por todos y cada uno de tus crímenes.A las agencias y medios de comunicación, en especial en España, agradecerles el tiempo que nos han dedicado en las últimas semanas. Aunque les seguimos pidiendo encarecidamente que sigan siendo nuestra voz y luchen porque se les permita entrar en Siria y desnudar al régimen asesino.

Finalmente, dar nuestra promesa de que seguiremos luchando hasta alcanzar las libertades que ahora están restringidas. Permaneceremos unidos hasta el final.

¡ VIVA SIRIA LIBRE !

Esta manifestación ha sido convocada por la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, constituida por españoles de origen sirio, sirios residentes en España y personas de otras nacionalidades defensoras de los derechos humanos.
Les adjuntamos el comunicado y el cartel, por si lo necesitan tanto para impresión como para internet.

Para cualquier duda, pregunta o sugerencia, por favor, no duden en contactar con nosotros.
facebook.com/events/337567849591163/

Rogamos máxima difusión, gracias.

Esperamos tu asistencia,

Un Saludo,



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Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio · AAPS
F · www.facebook.com/Revolucion.Siria.Espana
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Reproducimos también el texto de Santiago Alba Rico y Carlos Varea (procedente de rebelion.org):


La Primavera Arabe, Siria y la contrarrevolución neocolonial






Cuando está a punto de cumplirse un año del comienzo de la llamada Primavera Árabe, es necesario afirmar dos hechos al mismo tiempo: que la revolución sigue sacudiendo la zona, con retrocesos y recidivas, y que la contrarrevolución está más activa que nunca. Como dice el escritor egipcio Ezzat Al-Qamhawi, la revolución surge de un fondo de cólera inagotable y homogéneo frente a regímenes igualmente tiránicos; todos los árabes sin excepción reclaman dignidad y democracia y sólo la “pereza intelectual” o la fidelidad a “viejos diccionarios” -por tomar la palabra ahora al libanés Elias Khoury- pueden llevar a ignorar, negar o despreciar una irrupción popular que pone en dificultad a todos los actores en la región. Los imperialistas han conspirado siempre; pero los pueblos también conspiran y sus conspiraciones se llaman “revolución”. Si no queremos impedirnos cualquier posibilidad de intervención en la historia, debemos conceder que los pueblos árabes están también conspirando contra los conspiradores, en favor de su libertad, con los medios que les son propios y a partir de su propia historia de humillaciones y represión.

Las diferencias no están del lado de la conspiración popular: marroquíes, argelinos, libios, tunecinos, egipcios, sirios, bahreiníes, yemeníes, tienen motivos parecidos para rebelarse y buscan objetivos similares. La diferencia está del lado de la contrarrevolución. Los intereses de las muchas fuerzas implicadas en la conspiración imperialista, así como la diferencia geoestratégica de los países en los que intervienen, determinan diferentes procedimientos, tiempos e intensidades de intervención. Túnez puede recibir presiones sólo diplomáticas y permitirse un poco más de democracia -y hasta servir de laboratorio controlado para un nuevo orden regional- porque puede dañar escasamente los intereses de la UE y de EEUU y favorecer mucho, en cambio, los de Qatar y Turquía. Egipto ha visto cómo su revolución se transformaba en golpe de Estado -al que han respondido y responderán nuevas intifadas- porque la democracia en Egipto podría voltear todos los enfermizos equilibrios en la región. Bahrein, protectorado saudí de mayoría chií, tenía que ser aplastado antes de que la revuelta amenazase a la propia familia Saud y a la V Flota estadounidense, fondeada en el archipiélago para proteger los intereses energéticos de EEUU en el Golfo. Yemen, un hervidero de tribus y armas donde una revolución pacífica y heroica ha mantenido contra las cuerdas al dictador local durante ocho meses, ha visto la intervención del reaccionario Consejo de Cooperación del Golfo, obligado a hacer concesiones pragmáticas a la oposición -mientras mandaba tanques a Ali Saleh- para evitar la radicalización de las protestas. En Marruecos, Jordania o Argelia, la contrarrevolución apoya pequeñas reformas formales tratando de desactivar el malestar o de legitimar su represión. En Libia, al contrario, la OTAN apoyó militarmente la revolución como la forma más segura de destruirla, incluso con el riesgo, como se está viendo, de no controlar la situación tras el derrocamiento e infame asesinato del dictador Gadafi.

La plural y selectiva intervención imperialista -con una UE en bancarrota, unos EEUU debilitados y nuevas fuerzas rampantes abriéndose a codazos un hueco en la región- contempla planes ajustados a distintas eventualidades y muchas veces improvisados, cuando no adoptados a regañadientes. Los que llaman la atención sobre la previsible cooperación entre las potencias occidentales y los llamados islamismos “moderados” no deben olvidar que EEUU y la UE preferían apoyar, como así lo hicieron, a sus dictadores y que -como subraya Abdelbari Atwan, editorialista del diario Al-Quds Al-Arabi- el choque inevitable con esos partidos no se producirá a causa de diferencias económicas inexistentes sino por la cuestión palestina. La democracia en el mundo árabe -ya sea islámica o laica- amenaza radicalmente a Israel (quien, por ejemplo, acaba de pedir a los gobernantes europeos y a Obama que sostengan a la Junta Militar egipcia frente a los manifestantes de Tahrir). Palestina es de algún modo la garantía de que las revoluciones árabes mantendrán siempre su beligerancia antiimperialista.

El caso más complicado es sin duda el de Siria. Al contrario que la de Gadafi, la dictadura de Al-Assad, una república hereditaria, no sólo no está aislada sino que se inscribe, en el corazón mismo de Oriente Próximo, en una sensibilísima red de alianzas y tensiones cuya sacudida podría generar un conflicto a gran escala de consecuencias inimaginables. La intifada siria, con sus miles de muertos, detenidos y torturados, ha restablecido sin querer una típica política de bloques de la que la revolución misma, digna de toda nuestra solidaridad y admiración, será sin duda la primera víctima. Durante muchos meses, todas las fuerzas presentes en la zona estuvieron de acuerdo en no tocar el régimen de Damasco; el eje Irán-Iraq-Hizbolá por razones obvias; Israel, quien considera a Al-Assad “el mejor enemigo que podemos tener”, por temor a una democracia realmente antisionista en Siria; los EEUU y la UE, en la estela de su aliado israelí, conscientes de que, en el contexto de la Primavera Árabe, cualquier alternativa podría desbaratar el trabajoso “equilibrio” en la zona. Pero el creciente aislamiento de Israel y la obcecación del régimen sirio, convencido de su impunidad, han obligado a revisar los planes: por una parte, detener la Primavera Árabe pasa ahora por quebrar la continuidad entre Irán y el Líbano (con un Iraq que fue invadido por EEUU pero que es gobernado por Ahmadineyad); por otra, la deriva armada de la intifada siria, con el riesgo real de una guerra civil, no permite ya a las potencias occidentales y a sus aliados del Golfo mantenerse al margen confiando en una solución negociada o en un aplastamiento de la rebelión. En este contexto, mientras la hipócrita Liga Árabe -muchos de cuyos miembros están reprimiendo brutalmente protestas y revueltas en sus propios países- toma medidas contra el régimen de Al-Assad, la decidida intervención de la Rusia de Putin, con bases militares y fuertes intereses económicos en Siria, “congela” de nuevo la situación, prolongando en cualquier caso la agonía.

Los peligros en Siria son enormes. Como dice Michel Kilo, viejo opositor cristiano encarcelado dos veces por la dinastía Al-Assad y dirigente del Comité para el Cambio Democrático, la “militarización” de la revolución sólo puede llevar a una “nueva tiranía” a través, entre otros factores, de una intervención exterior que, de manera indirecta, ya se está produciendo. Temores semejantes los expresa Ibrahim Al-Amin, redactor jefe del periódico libanés Al-Akhbar, para el cual la mayor responsabilidad del régimen sirio no debe llevarnos a ser comprensivos con un Consejo Nacional opositor complaciente o ambiguo con la posibilidad de una intervención, desastrosa para cualquier proyecto soberano en Oriente Próximo. En la misma dirección se expresan Elias Khoury, Abdelbari Atwan o Rashad Abu Shawer (con su elocuente metáfora de los cuervos y los alacranes): la intervención militar extranjera sería mortal para la revolución siria y absolutamente destructiva para la emancipación del mundo árabe, por no hablar del riesgo fundado de una guerra a gran escala de dimensiones apocalípticas.

Ezzat Al-Qamhawui, Elias Khoury, Abdelbari Atwan, Michel Kilo, Ibrahim Al-Amin, Rashad Abu Shawer, todos ellos árabes, todos ellos desde diferentes posiciones antiimperialistas, nos recuerdan dos cosas que hay que tener el valor de sostener al mismo tiempo sin ningún sonrojo o ambigüedad. La primera es que las revoluciones árabes, incluida la siria, han devuelto a la historia a unos pueblos humillados y despreciados cuya valiente reclamación de democracia y libertad merecen todo nuestro apoyo y solidaridad. La segunda es que la democracia y la libertad que esos pueblos reclaman está amenazada, sí, por los dictadores que desde hace décadas pisotean sus derechos, pero también por una contrarrevolución que, entre sus muy versátiles procedimientos conspirativos, no descarta la intervención militar. Por muy incierta que sea la salida, por poco que podamos hacer en una situación cada vez menos abierta a la acción política, sí podemos al menos declarar en voz muy alta dónde ciframos nuestras esperanzas: en el derrocamiento popular de Al-Assad sin ninguna intervención exterior.

Todo nuestro apoyo y solidaridad, por tanto, a los pueblos árabes en lucha; toda nuestra condena a la contrarrevolución puesta en marcha por la OTAN, los países del Golfo y Turquía. Sí a la intifada siria y a sus legítimas ambiciones de libertad y democracia; no a la intervención exterior y a sus bastardos intereses de dominio neocolonial.
Para adhesiones al texto: siriapoyo@gmail.com




17 de junio de 2011

19-J: NO AL PACTO DEL EURO


Desde La Bombilla Verde, secundamos las manifestaciones de protesta contra el denominado "pacto del euro", y de las medidas profundamente antisociales que propone, muchas de las cuales han sido ya implantadas en nuestro país:

  • Retraso de la edad de jubilación.
  • Vinculación de los salarios a la productividad.
  • Restricción de la negociación colectiva.
  • Privatización de los "sectores protegidos", es decir, sanidad, educación, políticas sociales, etc...
  • Reducción de las cotizaciones de las empresas a la seguridad social.
  • Abaratamiento del despido.
  • Reducción de los impuestos directos, que se pagan de forma proporcional a los ingresos, y aumento de los indirectos, que se pagan por igual independientemente del nivel de ingresos (como el IVA).
  • Reducción del empleo y del gasto público del que dependen servicios esenciales para la ciudadanía.


El pacto del euro supone un ataque frontal a los derechos sociales de los europeos, y provocará un empobrecimiento aún mayor de la mayoría de la población, que se verá además desprotegida al carecer de unos servicios públicos suficientes, a causa de los recortes que ya comienzan a implantarse en educación, sanidad y políticas sociales. Toda esta precariedad y pobreza se cierne sobre nosotros para apaciguar la codicia de las entidades financieras, cuyos beneficios han alcanzado niveles astronómicos gracias a la crisis y la inyección de dinero público que ha sufragado sus "bonus".

En La Bombilla Verde pensamos que no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a este atropello, y que debemos oponernos pacíficamente a esta injusticia, este atraco a mano armada que nuestros políticos han sufragado y continuarán sufragando de espaldas a la mayor parte de la ciudadanía a la que, como bien han demostrado, no representan.

El 19 de junio, concentraciones y manifestaciones en todo el Estado español dirán no al pacto del euro, no a la Europa de los mercados, y no a los gobiernos que sólo representan sus intereses. En Madrid se han organizado marchas ciudadanas "anticrisis", que partirán de distintos puntos de la ciudad y alrededores. La convocatoria general es en la Plaza de Neptuno a las 13h30. En la web de Democracia Real Ya hay una lista de todas las concentraciones y manifestaciones a nivel estatal.

Os dejamos con una explicación detallada de los peligros del pacto del euro, por Juan Torres López. También podéis ver una explicación en vídeo en Attac TV.


Publicado en Altereconomía el 10 de junio de 2011

A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarán las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo ha sido conocido como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.

El objetivo general del Pacto según sus firmantes

Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales.
Para lograr ese objetivo el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.

El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad

El primer pilar para alcanzar ese objetivo general es el impulso de la competitividad, y los firmantes del Pacto entienden que eso solo se puede lograr bajando los precios y que estos, a su vez, solo se reducen si bajan los salarios. Para ello, se establece la necesidad de controlar los llamados costes laborales unitarios.
Puesto que estos últimos son el resultado de dividir los salarios nominales por la productividad, para bajarlos o se reducen los salarios nominales (el numerador) o se aumenta la productividad (el denominador).

El Pacto propone medidas en ambos sentidos.

Para bajar los salarios nominales recomienda reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede leer en:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf):
-“Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.
- “Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación” para reducir el poder negociador de los trabajadores y así evitar que puedan presionar al alza los salarios al defender su capacidad de compra. Como es bien sabido, cuanto más centralizado esté un sistema de negociación colectiva más trabajadores participen en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada sea la negociación (como quieren los líderes neoliberales europeos), más difícil resulta a los trabajadores defender sus derechos o conseguir salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener gran fuerza de negociación pero si se negocia a título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se pueda ir descentralizando la negociación porque saben que así bajarán los salarios, que es lo que buscan.
- “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Es decir, que los sueldos de los trabajadores públicos se reduzcan para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado.


Es evidente que todas estas medidas del Pacto solo están encaminadas a disminuir los salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que funcionan como referencia para los salarios privados).
Por tanto, podemos afirmar que el Pacto apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no la basa en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen las empresas europeas sino en igualar a la baja los salarios europeos con el resto de economías del mundo reduciendo, por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de la población y empobreciendo a los trabajadores europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos.
Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios disminuirá también el gasto que se realiza en Europa lo que se traducirá en menos ventas para miles de pequeñas y medianas empresas que viven de las compras que realizan los asalariados europeos.
Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados mundiales y no solo en el europeo y cuyos beneficios, por tanto, no dependen solo del gasto que se realice en Europa, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón se puede afirmar que el Pacto del Euro es un pacto también contra las pequeñas y medianas empresas europeas.
Y como estas últimas son las que crean la mayor parte del empleo (alrededor del 70% de media en toda Europa) podemos decir que el Pacto del Euro es igualmente un pacto contra el empleo.
Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”, “Mejorar los sistemas educativos y fomentar la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”.
Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que incluso va en la dirección contraria de algunos factores que desde los tiempos de los primeros economistas se sabe que son muy beneficiosos para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa, protección social adecuada y abundante… Lo que permite afirmar que el Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la productividad sino solo reducir los salarios para hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.
Además, es sabido que de esas tres medidas que propone para aumentar la productividad la más determinante con diferencia es la segunda y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario mucho dinero público.
Sin embargo, el Pacto, como veremos más adelante, propone también la reducción de gasto público, de modo que se puede aventurar con toda seguridad que en lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para que aumente.
Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas se produjeran incrementos de productividad no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de salarios, dieran lugar automáticamente a mayor competitividad ya que ésta, como los propios firmantes del Pacto asumen, depende del precio de los productos en venta. Y si resulta que los mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados y en ellos dominan pocas empresas con gran poder de mercado, lo más seguro que ocurra es que la bajadas en los costes laborales unitarios se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de sus productos. De hecho, eso es lo que hemos podido comprobar que ocurre constantemente en los mercados europeos (y muy especialmente en los españoles).
Por tanto, podemos decir que, en contra de lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un pacto contra la competitividad de la economía europea.
Finalmente hay que hacer una observación general. Según las tres cuartas partes de las exportaciones de los países europeos son de tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países europeos como importadores. Eso quiere decir que si se reduce la capacidad de consumo de las economías europeas (como consecuencia de las rebajas salariales y de la caída del gasto público) necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que bajen los precios de los productos exportados, si es que se consiguiera que bajen. Lo que significa que lo que el Pacto del Euro va a producir es una caída de la actividad económica en toda Europa.

El segundo pilar del Pacto: el impulso del empleo.

El impulso del empleo en Europa se trata de conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento en el mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que modifiquen su regulación y estructura. En concreto, el Pacto propone medidas como “Fomentar la ‘flexiseguridad’”, la “reducción del trabajo no declarado”, el “aumento de la tasa de actividad” y la “educación permanente”, además, por supuesto, de la reducción del coste del trabajo antes señalada.
Para lograr esto último el pacto también recomienda la “reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”, es decir, de las cotizaciones sociales. Una propuesta que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Por un lado, porque debilita el sistema público de pensiones cuya sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que esto lleva y que hemos apuntado más arriba apuntados. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se propone mantener los ingresos fiscales globales, se propone que esa tributación directa (que se sostiene sobre la capacidad de cada persona) se sustituya por impuestos indirectos, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. Es precisamente lo que acaba de proponer la Comisión Europea a España.
La idea de que lo que hay que hacer para crear empleo es abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando” las relaciones laborales, de la que parte el Pacto, se demostró que es falsa hace más de setenta años. Es la idea que supone que el empleo se crea solo en función del precio del trabajo sin considerar que el empleo depende, en realidad, de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios porque, por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden los productos que fabrican no contratarán trabajadores.
Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un engaño como instrumento para crear empleo: abarata el salario pero como al mismo tiempo debilita el mercado de bienes y servicios porque éste depende del gasto que en su mayor parte realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya anteriormente, la creación de empleo. De hecho, los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa en las últimas décadas no han sido las que tienen que ver con la flexibilidad en los mercados laborales sino con las condiciones macroeconómicas generales: nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik Klär, Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run . Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–457).
Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro y temporal, además de más barato. Y, por tanto, menos productivo porque con la generalización de ese tipo de mano de obra será cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y más competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro será especializar a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido pasando con los países, como España, en donde se han ido adelantando estas políticas.
En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especia de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo.

El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El Pacto recalca la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficits presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se recomienda reformar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los gastos que tienen un impacto más directo sobre el bienestar social pero, eso sí, que significan provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad privada, cuidados privados, etc.) muy rentables para las empresas privadas (Para entender las falsas razones en que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda de Juan Torres López).
En particular se recomienda “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización que es en realidad lo que se busca como hemos analizado con más detalle en otro trabajo (sobre la falsedad de esos argumentos puede verseEstán en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón).
Además, en algunas recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más suculentos negocios al capital privado porque no es cierto que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas: se suelen vender a precios bajos, cuando no regalados, y no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones.
Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico ya que significa, por un lado, proponer el blindaje de un determinado tipo de política económica, prohibiendo legalmente todas las alternativas posibles; y, por otro, impedir que los países con más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro al endeudamiento que suele ser el único medios que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento.
Esta medida es, además de todo ello, profundamente inútil y a la postre solo va a provocar que haya mucha más deuda de la que se quiere evitar.
El Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto, tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en España. Lo más probable es que estas medidas terminen produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para las arcas del Estado, lo que al final impide que desaparezcan los desequilibrios presupuestarios. Con ellas solo se consigue aumentar el malestar social, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.

El cuatro pilar del Pacto: el refuerzo de la estabilidad financiera.

En este punto se propone un programa de “coordinación de la política tributaria” pero sin que se determine de antemano. De hecho los Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria”, lo que muestra que la voluntad de avanzar hacia una necesaria hacienda europea con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y sostenible con un reparto más justo de la renta o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula.
En lo que se refiere a regulación bancaria únicamente se afirma que “efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se tiene en cuenta que las que se han realizado han sido un completo engaño: baste recordar que afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales.
En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro, pero permitiendo que, antes de eso, se gaste dinero público en dejarlas saneadas. Con total desvergüenza, las autoridades que suscriben el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan su gran preocupación por el mal uso del dinero público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.
Finalmente la problemática de la deuda pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro” y que tendrá como función prestar asistencia financiera a los países que lo demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en colaboración con el Banco Central Europeo y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia”.
La asistencia financiera se realizará en forma de préstamos y de forma excepcional con la compra de deuda en los mercados primarios, pero siempre “con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos para imponer las políticas de ajuste neoliberal y cuyos resultados han sido nefastos en todos los países en donde se han aplicado.

Conclusiones

El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.
Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.
El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.
Por un lado es falso porque la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.
Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.
Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.
La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?
Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.
El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.
Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.
La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.